La corrupción es un fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del mundo, realidad de la que no escapa la región de América Latina y el Caribe (ALC).  Sus graves consecuencias afectan la estructura productiva y el desarrollo socioeconómico de los países, así como la estabilidad de las instituciones democráticas y el estado de derecho.

En muchos países de ALC la corrupción es vista como consecuencia inevitable del ejercicio de poder.  Causas de este mal endémico son variadas, pero sobresalen la debilidad institucional, la opacidad en el manejo de los recursos por parte del sector público, y la apatía de la población en la defensa de sus intereses.  

En los últimos años la corrupción ha alcanzado niveles alarmantes y diversas formas de manifestarse. Sus modalidades penetran a los sectores público y privado en forma de prácticas de soborno, fraude, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, desvío de recursos, nepotismo, hasta el uso de información privilegiada para fines personales, entre otras.  En el caso del sector público se presenta principalmente en las áreas de contratación pública; infraestructura pública; empresas estatales; administración de aduanas; y servicios públicos, de acuerdo con el Banco Mundial (BM).[1] 

Los impactos de la corrupción son universalmente conocidos, pero al abarcar a sectores del Estado, como contrataciones e infraestructura públicas, sus implicaciones son más graves para los países de bajos ingresos por su incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB).  Los contratos sin licitaciones, la ausencia de competidores, los sobrecostos excesivos de tiempo y dinero, el poco o ningún mantenimiento, obras monumentales sin concluir, y la baja calidad de las obras finalizadas terminan afectando negativamente el crecimiento económico, el alivio a la pobreza, y la inversión privada, en particular las inversiones de las empresas multinacionales cada vez más sometidas a la competencia internacional.

Consecuencias graves también se generan del trato preferencial por parte del Estado. Se abusa del manejo de fondos para subsidios directos e indirectos, amortizaciones de deudas y exenciones fiscales y compensaciones para llevar a cabo objetivos no comerciales, que pueden ser desviados para beneficio personal o político. Como el caso de las empresas estatales en quiebra que suelen disfrutar del fácil acceso a préstamos sin fines de lucro por parte de bancos estatales para mitigar los daños causados.

La corrupción en las aduanas no es diferente. Se afecta la capacidad de un país para beneficiarse de la economía global al haber retraso en el procesamiento de las importaciones y exportaciones. Igualmente actúa como desincentivo para los inversores extranjeros al aumentar los costos de hacer negocios, y reducir la competitividad de las empresas.

No menos importante son los efectos de la corrupción en la prestación de servicios que deberían estar garantizados por el Estado. Se erosiona la gestión pública y el funcionamiento administrativo del Estado cuando se altera el normal cauce de los trámites administrativos para la obtención de un servicio público debido a un soborno. 

La complejidad de este flagelo demanda respuestas integradas. La comunidad internacional ha hecho esfuerzos en este sentido al adoptar primeramente la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996), primer instrumento jurídico internacional en este campo que reconoce la trascendencia internacional de la corrupción y la necesidad de promover y facilitar la cooperación entre los Estados.  Posteriormente, fue adoptada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), instrumento internacional anticorrupción jurídicamente vinculante. Sin embargo, las aristas de la corrupción son tan diversas que estas herramientas no han sido suficientes para el logro de una solución duradera.  Se necesita algo más que redoblar la cooperación internacional para ejecutar satisfactoriamente las principales áreas de dichos instrumentos como son: prevención de la corrupción, penalización y aplicación de la ley, cooperación internacional y recuperación de activos.

Más allá de identificar las buenas prácticas de algunos países que contribuyen al diseño de estrategias globales y al fortalecimiento institucional de la capacidad de respuesta a este problema mejorando el papel y la eficacia de las agencias anticorrupción, las administraciones tributarias y de auditoría y los sistemas de justicia, los gobiernos están obligados a implementar políticas públicas que ataquen la raíz del problema y sus devastadores efectos en la estructura productiva y en la sociedad. 

Son muchos los desafíos que enfrentan los gobiernos al abordar la corrupción, entre ellos identificar qué instrumentos tienden a funcionar y por qué.  No sólo se trata de contar con instituciones sólidas y la creación de marcos legales dirigidos a perseguir y penalizar a los que hacen un uso indebido de los recursos públicos sino también en lograr una mayor transparencia pública, mejor gestión gubernamental, participación ciudadana e inclusión social.

De igual importancia es dotar de herramientas tecnológicas a los gobiernos para que apunten a reformas dirigidas a sentar las bases de una gestión gubernamental con un espíritu de transparencia, integridad, inclusión y colaboración.  Se debe profundizar en la digitalización global de gobiernos y ciudadanos para cambiar el rostro de la gobernanza del sector público y sus efectos en la lucha contra la corrupción.  

El acceso a la información y una mejor colaboración entre el Estado y la sociedad son herramientas claves para el logro de tal propósito. La falta de información sobre el presupuesto y la gestión administrativa de los recursos públicos impide la contraloría social sobre las actividades y resultados de los gobiernos facilitando así las condiciones para el surgimiento de corruptelas.  

En este contexto, el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe requiere de estrategias que promuevan la participación ciudadana y su colaboración activa en la formulación de políticas públicas específicas y que atiendan a sus necesidades.  El progreso que se alcance en estas áreas dependerá de las herramientas que se adopten.

El fortalecimiento de la capacidad institucional y el Estado de derecho de la región son elementos indispensables en la lucha contra la impunidad de los actos de corrupción.  La promoción de la adopción de tecnología y la innovación para el monitoreo de los recursos públicos, así como el aumento de la movilización de recursos de las entidades financieras internacionales pueden hacer la diferencia en este sentido.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación también son herramientas de monitoreo que fortalecen la noción de la transparencia y la rendición de cuentas al favorecer la simplificación administrativa reduciendo las oportunidades de corrupción al evitarse el contacto con funcionarios públicos con un comportamiento discrecional en los procesos administrativos. 

En conclusión, las consecuencias sociales y económicas de la corrupción afectan de forma negativa el desarrollo de los países. Por una parte, generan pérdidas en el crecimiento productivo como consecuencia del mal uso de los recursos públicos o la concentración de estos fondos en manos corruptas.  Por otra, producen desigualdad social, en la medida que son favorecidos sectores de la población vinculados a las altas esferas políticas con acceso a la administración de los recursos del Estado.   

Entre los impactos de la corrupción en las diversas estructuras de los países, destacan los siguientes:

• Socavamiento de las inversiones y agravamiento de la pobreza.
• Distorsión de incentivos a la inversión privada local o extranjera lo cual reduce la eficiencia económica y en consecuencia la producción a largo plazo.
• Exceso de inversión gubernamental en proyectos de capital por la facilidad de captar las rentas de la contratación pública y reducir el retorno de la inversión.
• Deterioro del ambiente de negocios en el sector privado. Se prefiere invertir en actividades de ganancias rápidas y excesivas en corto tiempo en lugar de las netamente productivas.
• Falta de visión e innovación en el sector empresarial. La producción de las empresas no depende de su competitividad sino de su capacidad de influencia en los tomadores de decisiones respecto a la regulación o el destino de su actividad productiva.
• Desarrollo de estructuras monopólicas u oligopólicas en los mercados en el sentido que por lo general el mismo grupo de empresas es el favorecido en la asignación de contratos.
• Fuga de capitales en la medida en que los beneficios de actividades corruptas son depositados en el extranjero, o están asociados con procedimientos relajados contra el lavado de dinero.
• Provisión de infraestructura deficiente, lo que aumenta los riesgos de accidentes y costos de desgaste, así como el pago de impuestos adicionales sobre los ciudadanos.
• Freno a la innovación y el desarrollo creativo al desproteger la propiedad intelectual. Las empresas al pagar sobornos para mantener su competitividad, ya sea con la reducción o exención arancelaria o créditos subvencionados, dejan de invertir en patentes o permisos de funcionamiento.
• Distorsiones sociales y políticas. Las sociedades pueden enfrentar una pérdida de valores al ver como natural este tipo de actividad. Asimismo, pueden ver seriamente afectados sus sistemas políticos al ser penetrados en la búsqueda de cómplices.
• Desviación de recursos. Parte del gasto público se destina, ya sea para la lucha contra la corrupción o para el aprovechamiento de actividades corruptas, en lugar de actividades con fines socialmente más productivos como la educación y salud.
• Disminución significativa de la recaudación de ingresos del gobierno. El BM estima que entre el 30%-50% de los ingresos fiscales totales en países en desarrollo se ven comprometidos por las prácticas corruptas.
• Afectación de las administraciones aduaneras en cuanto a la facilitación del comercio y protección de las fronteras incluyendo la puesta en riesgo de requisitos de seguridad para el tráfico de mercancías ilícitas, incluyendo armas y narcóticos.
• Alto costo para la sociedad. El contribuyente que se somete al pago de sobornos paga por la ineficiencia en la prestación de servicios, y varias veces por el mismo servicio.
• Perjuicio para el consumidor. Cuando la corrupción se vuelve necesaria para adquirir un insumo productivo o evitar controles de calidad mínima, los mercados reciben bienes y servicios en cantidades insuficientes, de menor calidad o más costosos.

[1] (http://documents.worldbank.org/curated/en/986521600118147288/Executive-Summary)