Debo mi presencia a la gentileza del Embajador Carlos Moneta y le agradezco mucho por este honor.  Como profesor de derecho público, ustedes pueden imaginar que estoy aquí por asuntos que tienen que ver con lo que pasa en Venezuela ahora mismo, pero tal vez, como profesor de derecho, también tengo cosas que decir sobre las consecuencias sociales y jurídicas, y tal vez políticas, de las crisis financieras.

 

Lo que tengo que decir se puede resumir en una palabra: institucionalidad. Esta palabra ya ha sido empleada por diferentes exponentes que hablaron anteriormente, pero creo que la cuestión de la institucionalidad es central en el caso de la reacción de las sociedades frente a la crisis financiera y eso está ligado a una concepción de la sociedad y del hombre, que ve al hombre y a la sociedad como un todo, que no cree en el hombre económico -homus economicus- sino más bien en el hombre en general, en su dimensión privada y también en su dimensión política al lado de la dimensión económica.

 

En el vocabulario clásico del derecho,  la institución es algo que nace de la comunión de diferentes personas que creen en algo y que juntos se agrupan para defender una causa común.  Creo que la pregunta que debemos hacernos sobre las instituciones, ya sean instituciones económicas, como los bancos centrales, o sean instituciones políticas, es el problema de la adhesión de los pueblos a estas instituciones.

 

Tomaré dos ejes para desarrollar esta idea: el primer ejemplo lo tomaré a partir de la integración (me ha llamado mucho la atención la intervención del Dr. Guarnieri, cuando ha hablado del "ejemplo europeo" y "de la creación del Euro").  La cuestión de la integración regional nos muestra la necesidad de la institución “aliada”.  Como él lo ha dicho, se necesitan instituciones para acompañar la creación de una moneda común. Esta institucionalización, por supuesto, supone que se puede crear un banco a nivel regional, es decir a nivel europeo, a nivel latinoamericano o de América del Sur.  Pero también debe haber una presión de la institucionalidad a nivel político.  No es una casualidad que, en el pasado reciente, la responsabilidad política de la Comisión Europea haya aumentado mucho, con la renuncia del Comisionado Santer debido a los problemas de corrupción que hubo en la Comisión.

 

Debe siempre considerarse la cuestión de la institucionalidad desde el punto de vista político, así como desde el punto de vista económico, y en el caso del MERCOSUR, es muy evidente que existe una falta de institucionalidad en el proceso de integración, lo que observamos muy bien con los problemas existentes entre Brasil y Argentina después de la devaluación del real.

 

Estos problemas se asemejan a dificultades que hemos tenido dentro de la Comunidad Europea en nuestra historia.  Este tipo de problemas no se arregla muy fácilmente porque no hay una institucionalidad real a la escala del MERCOSUR, lo que quiere decir que los presidentes brasileño, argentino, de Uruguay o de Paraguay, deben ellos mismos arreglar los problemas sin que haya una institución en la cual se pueda tener confianza para resolverlos. Entonces, los problemas que normalmente son comunes empiezan a ser bilaterales y eso no ayuda a la integración, y por supuesto no ayuda al progreso económico.

 

A nivel nacional, para tomar el segundo eje, se ve también que frente a las crisis financieras existen reacciones jurídicas que transforman nuestras sociedades.  Normalmente el concepto clave que se usa como un lugar común es el concepto del Estado de Derecho.  Yo pienso que todo el mundo no supone lo mismo cuando utiliza este concepto y que los organismos financieros internacionales lo ven como un marco que permite hacer economías o tener actividades económicas sin problemas con la sociedad civil o con la sociedad política.

 

Desde el lado político, el Estado de Derecho se presenta, sin lugar a dudas, como una manera de proclamar derechos para todo el mundo.  Eso se constata en las constituciones de América Latina y se está constatando ahora mismo en Venezuela, donde hay una lista de derechos en la Constitución y especialmente hay derechos sociales que se consagran.  Estos derechos sociales se presentan como reacciones a  las crisis financieras y a los problemas sociales que son las consecuencias de las crisis financieras.  Eso produce una especie de negación del Estado de Derecho porque la multiplicación de los derechos y de las maneras de hacer valer los derechos nos hace entrar en lo que podemos llamar la sociedad de derechos (en plural).  Esto quiere decir que hay diferentes jueces, diferentes maneras de hacer valer los derechos, hay conflictos de derechos y eso crea una especie de desorden en la sociedad. 

 

Eso nos muestra contradicciones de nuestra manera de ver la reacción política y jurídica frente a los problemas económicos que tenemos en el mundo moderno. Tomaré solamente dos ejemplos para ilustrarlo: primero el desarrollo del arbitraje,  que se impulsa mucho actualmente en América Latina como en otros lugares del mundo, y que se presenta como una manera de facilitar las relaciones económicas, pero que también es una negación de la institucionalidad de los países o de las regiones, y lo que se llama a menudo la resolución pacífica de conflictos.  Todas  estas palabras empiezan a ser lugares comunes del lenguaje internacional y están transformando de manera muy profunda el concepto del derecho, o sea, el concepto de  lo que es una sociedad y de la manera cómo enfrenta sus conflictos.

 

En segundo lugar, hay que destacar también el caso de todos los derechos particulares que se desarrollan en las sociedades como compensación a los problemas sociales.  Los derechos de la mujer, los derechos de los indígenas, los derechos de los minusválidos, de todas estas comunidades.  Esos derechos se desarrollan en las constituciones modernas de manera muy positiva, porque compensan problemas reales, pero a la vez como una manera de fraccionar el derecho y como una manera de tratar de implementar una especie de discriminación positiva frente a las dificultades que algunos sectores de la sociedad encuentran en la vida cotidiana.  Tal actitud también está modificando nuestras sociedades.

 

En conclusión, porque he prometido hablar poco, quiero decir que hay una relación muy fuerte entre todo lo que ustedes acaban de decir y nuestros sistemas jurídicos.  El derecho se está transformando y nadie se preocupa de esta transformación, nadie lo piensa, y creo que hay una especie de optimismo demasiado grande sobre las mutaciones del derecho, que a veces ponen en peligro nuestra visión, digamos humanista, de la institucionalidad, o sea, de la posibilidad para una sociedad de expresarse de una manera homogénea y coherente frente a los problemas sociales que confronta.

 

Perdonen el carácter un poco general de todo lo que he dicho, pero como responsable del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina, nuestro problema es siempre ver las relaciones que hay entre los diferentes campos: entre la economía, el derecho, la política, la sociología, la antropología, la historia y la geografía.  Entonces, me parece sumamente importante que en una Organización como esta (leemos mucho lo que ustedes escriben) sea una referencia para todas las instituciones que se interesan en América Latina, y me parece sumamente importante que esta dimensión jurídica, pero también humanista, sea tomada en cuenta.  Lo que ya es el caso, lo sé.

 

Gracias.