Sesión inaugural de la etapa ministerial de la XXV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano

 

Señor Presidente de la XXV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano,

 

Señores Jefes de Delegación,

 

Señoras y señores Delegados,

 

Señores Observadores e invitados especiales,

 

Señoras y señores:

 

En este Panel, calificados expertos y autoridades de organismos financieros y económicos de nuestra región, de Asia y de países de la Unión Europea, han presentado sugestivos análisis y sugerencias para la acción futura de América Latina y el Caribe. 

 

Permítaseme abordar el tema con algunas reflexiones de carácter más general.  Como ha sido señalado en documentos de la Secretaría Permanente del SELA [1] , la región latinoamericana y caribeña ha experimentado, desde los años ochenta, la puesta en práctica de un paradigma económico aplicado con pocas variantes a economías muy dispares. Al renunciar a modelos endógenos, la agenda ha sido la misma para la mayoría de los países: apertura comercial y financiera, privatización y reducción del sector público, eliminación de subsidios, reformas de los sistemas de seguro social, flexibilización de los mercados laborales.

 

Esta agenda única supone, por una parte, la adopción pasiva de modelos externos y “universales”, y por la otra, la existencia de economías estructuralmente uniformes, donde el comportamiento del mercado es similar. Supone también una doble premisa: en primer lugar, que el marco institucional doméstico esté listo para instrumentar los cambios de políticas requeridos por el modelo; en segundo lugar, que el entorno internacional brinde condiciones favorables –sobre todo, estabilidad– y flujos de financiamiento para el desarrollo.   Lamentablemente, estas premisas se hallan lejos de haberse cumplido.

 

Desde 1997, y de una manera mucho más nítida que en 1994-95, las crisis del Sureste Asiático y de Rusia, luego de su fuerte impacto en la región , han evidenciado un fenómeno nuevo, directamente vinculado al proceso de globalización: a partir de esta década, las crisis monetarias y financieras tienen amplias, rápidas y profundas ramificaciones sobre las corrientes de comercio y sobre la capacidad de crecimiento económico.

 

No estamos en presencia de turbulencias coyunturales, sino de profundas perturbaciones, cuyas oscilaciones afectan los fundamentos de las economías nacionales y del sistema global. Al alcance geográfico se añaden graves repercusiones intersectoriales, que no se limitan a ajustes cambiarios y crisis bursátiles, sino que trascienden esos ámbitos para generar desestabilizadoras salidas de capital de corto plazo; aumentan los diferenciales de los bonos emitidos por la región; deterioran las clasificaciones de riesgo de todas las economías emergentes; obstaculizan el acceso a los mercados internacionales de capital y contagian los sistemas bancarios domésticos.  Adicionalmente, el impacto se extiende a las corrientes comerciales inter e intraregionales; se modifican patrones de competitividad de productos y de países y cambian las perspectivas de penetración en los mercados.

 

En América Latina y el Caribe, los próximos años estarán signados, entre otros factores, por los impactos financieros y comerciales de mediano y largo plazo de las crisis actuales y por la preocupación de prevenir y controlar los impactos de crisis futuras.  Cabe recordar que de las cuatro grandes crisis financieras que se produjeron en las últimas décadas, dos se originaron en nuestra región y las dos restantes la afectaron en forma sustantiva.

 

Las crisis y sus repercusiones han puesto en evidencia no sólo la permeabilidad, sino también la vulnerabilidad de América Latina y el Caribe ante factores exógenos que escapan a su margen de acción.  Esto implica la necesidad de introducir importantes cambios en las políticas económicas gubernamentales en el plano nacional, regional e internacional, en la gestión empresarial y en la concertación de esfuerzos entre los sectores público y privado y el conjunto social.  Poder responder con éxito a este desafío -que a partir de la dimensión financiera cuestiona las bases mismas del modelo actual de desarrollo e inserción internacional de nuestros países- requiere contar con agentes aptos y coordinados, por parte del Estado y de la sociedad civil y hacer valedera la expresión democrática de los pueblos.  Nos encontramos ante la necesidad de propiciar un retorno del papel orientador del Estado. 

 

Un Estado con fuerte capacidad de iniciativa, creativo, impulsor y sin complejos para emprender políticas activas.  Un Estado que pueda responder innovadoramente no sólo a las compulsiones externas sino, en primer lugar y en acuerdo con la sociedad civil, a la complejidad de los cambios que tienen lugar en nuestras sociedades, por la vía de la generación de nuevos espacios de expresión y articulación política democrática. Es decir, nos referimos a un Estado que deje atrás las visiones neoliberales y populistas y ponga su centro de gravedad en acuerdos sociales en torno, entre otros, a la equidad, a la educación, al bienestar y a la incorporación de los avances tecnológicos.  Sólo el desarrollo de esas dimensiones puede proveerle la inspiración, el apoyo societal y las condiciones de gobernabilidad que construyan su viabilidad para la acción externa.

 

Todos conocemos -y hemos sido hasta cierto punto, víctimas- de la masivamente promocionada tesis de la declinación del Estado ante el proceso de globalización económica.  Aceptando que los Estados de los países en desarrollo han sido severamente afectados, el examen del tipo, calidad y efecto de sus respuestas a los desafíos de la globalización señalan claramente que las distintas regiones y países no reaccionan de la misma forma, dado que sus estructuras socioculturales y políticas poseen rasgos específicos y diversos, catalizando y elaborando de distintas maneras los impactos externos [2] .  Las diferencias que presentan esas respuestas estriban, en medida importante, en la distinta combinación de los elementos que componen la ecuación Estado-Sociedad y, en la percepción de cada país de su margen de maniobra en el sistema internacional, procurando ampliar los límites de las acciones permisibles sin incurrir en penalizaciones excesivas.

 

En ese contexto, un análisis comparativo de las estrategias y acciones adoptadas por los países de Asia y de América Latina ante la crisis financiera que se iniciara en 1997, ofrecen un rico y productivo espacio de reflexión y de constatación fáctica, que puede contribuir a la determinación de los rumbos y medidas que convendría adoptar en el futuro por parte de nuestra región.  De igual manera, cabe explorar los puntos centrales de interés de los principales actores económicos, que se expresan prescriptivamente en creencias, normas y reglas formales de conducta a ser seguidas en la arena mundial.  Esas prescripciones son importantes para determinar el rol del Estado ante los flujos financieros y comerciales.

 

La fase básica del análisis de las acciones adoptadas por los principales países afectados por la crisis financiera en Asia y América latina y el Caribe, ya ha sido realizada por la CEPAL el año pasado.  Se cuenta, además, con numerosos estudios sobre distintos aspectos del tema efectuados por instituciones extranjeras y de nuestra región.  Creo, sin embargo, que aun no ha sido adecuadamente examinado un tema central.  Asumiendo que recién iniciamos esta reflexión en nuestra región, ¿cuál ha sido la evaluación que de su propia experiencia ha hecho Asia del Pacífico con respecto a los cambios a introducir o líneas a confirmar en sus enfoques estratégicos y sus políticas económicas?

 

Con respecto a las perturbaciones existentes y a su posible resolución en el sistema financiero internacional, se ha señalado que se trata de una "dictadura de las finanzas internacionales" [3] .  También se ha enfatizado [4] , que nos hallamos más cerca de una situación en la cual los actores más importantes del sistema financiero internacional y los países sujetos a los vaivenes de los flujos financieros especulativos comparten en forma mutua -si bien, asimétrica- el carácter de rehenes.  Así, las prácticas actuales con respecto al libre movimiento de capitales de corto plazo en el sistema internacional podrían conducir a un caos, si los actores nacionales dejaran de aplicar políticas fiscales y monetarias responsables y de absorber los brutales costos económicos y sociales de esas operaciones.

 

Asimismo, los mercados financieros pueden castigar -como ahora lo están haciendo- a los Estados que no cumplen con sus normas, pero, en el largo plazo, sus beneficios dependen de la existencia y funcionamiento de un sistema interestatal-transnacional en el cual las economías nacionales son conducidas y gerenciadas por actores públicos competentes y responsables.  Más allá de cierto punto, la reducción del poder de intervención del Estado en materia financiera pueda poner en grave riesgo colectivo la obtención de beneficios por los actores financieros transnacionales [5] .

 

Se abren aquí dos vías a explorar:  por una parte, un cambio posible de concepción y valores en los criterios de responsabilidad de quienes adoptan las decisiones: algunas modificaciones en la dirección adecuada comienzan a observarse en los organismos financieros multilaterales, pero, lamentablemente, aún continúan plagadas de retrocesos y oscilaciones.  Por la otra, la consideración de escenarios en los cuales los que movilizan los capitales transnacionales, deseosos de maximizar los beneficios a obtener, no miden -o lo hacen incorrectamente- los riesgos a que someten a los actores nacionales, conduciéndolos a sufrir situaciones de altísimos costos económicos, sociales y políticos. En ese marco de posibilidades, se puede firmemente sostener [6] que el fortalecimiento de la capacidad de intervención de los Estados en los mercados financieros reduce a condiciones previsibles márgenes de riesgo que de otra manera, resultarían intolerables.  En suma, si el proceso de globalización económica torna aún más difícil e inviable para los Estados el ejercicio de su poder regulador en el plano económico, los actores transnacionales pueden resultar gravemente afectados.  En ese sentido, además de otros beneficios para la sociedad, el fortalecimiento del Estado en los países en desarrollo coincide con los intereses básicos de los actores financieros transnacionales, aún cuando muchos de ellos no sean capaces de reconocerlo.

 

Por último, dos breves comentarios sobre algunas de las opciones presentes para América Latina y el Caribe.

 

Si bien parecen haberse superado las situaciones más críticas de la crisis financiera internacional, subsisten sus secuelas negativas tanto en Asia como en nuestra región.  De igual manera, mantiene su vigencia la situación de vulnerabilidad, inestabilidad e incertidumbre en la arena global.  En este contexto, además de los lógicos esfuerzos a realizar en pos de la restructuración de las relaciones económicas internacionales, el incremento y cambio cualitativo de la cooperación externa y la adopción de políticas internas adecuadas, se debería avanzar en profundidad en la articulación de líneas de defensa financiera a nivel regional y subregional.  En efecto, en distintos foros calificados se ha señalado durante los últimos meses [7] , que, por diversas causas no existen signos de que el "Grupo de los Ocho" esté en condiciones de promover la introducción de reformas profundas en el actual sistema financiero internacional.  Por ello, las regiones en desarrollo se ven obligadas a realizar un gran esfuerzo para establecer defensas financieras efectivas en sus propios dominios.  Es vitalmente necesario impulsar el establecimiento de una red de fondos de reserva y de bancos de desarrollo regionales, como también lo es revisar los vínculos finanzas-comercio y consolidar en el marco nacional los mecanismos bancarios, el fomento de ahorro y las redes de protección social.

 

No es obra de la casualidad que en este Panel estén presente el Fondo Latinoamericano de Reservas, la ALADI, la CEPAL y el SELA, acompañados por distinguidos representantes de instituciones asiáticas y europeas.  Creemos que una condición absolutamente necesaria, sin ser suficiente, es avanzar hacia una muy estrecha coordinación y cooperación en las acciones de los organismos regionales y subregionales de América Latina y el Caribe en apoyo de los países de la región.  De igual manera, estimamos que existe un amplio espacio para desarrollar la cooperación con Asia del Pacífico y con la Unión Europea en ésta y en otras áreas de la actividad internacional vinculada al desarrollo y a la construcción de un sistema interestatal-transnacional más plural y equitativo.

 

Señoras y señores representantes, distinguidos miembros del Panel:

 

Reconozcamos que el "mercado" es una categoría dura [8] .  Para muchos, es el lugar natural de autoregulación por la vía de la competencia del capital y del trabajo; para otros, un lugar donde se consuma la explotación de importante segmentos de las sociedades de nuestros países.  La pregunta central que surge es quién y como determina el mercado.  La respuesta: lo determinan las relaciones de poder.  La disciplina de la política económica internacional establece claramente que los fenómenos económicos internacionales son el resultado tanto de factores económicos como de factores políticos.  Ambos son predeterminados por las relaciones de poder a escala interestatal-transnacional entre los Estados-naciones y los grandes operadores privados, cristalizadas parcialmente en las instituciones y regímenes de la economía internacional.  El lenguaje diplomático puede suavizar los tonos y esfumar los contornos del paisaje, pero esas son las realidades que debemos enfrentar.  La formulación y puesta en práctica de un sistema de restricciones mutuas que debería regir simultáneamente para los Estados y para los operadores privados, requiere sostenernos sobre nuestros propios pies con creciente autoconfianza y vigor.  Este sistema estaría destinado a que ambos tipos de actores tengan en cuenta las externalidades que surgen en un mundo de constante incremento de la interdependencia.  Debemos tener muy en cuenta que junto a la globalización surgen las diversas formas y localizaciones de la integración regional.  En ese sentido, es dable esperar que la regionalización económica, acompañada de la regionalización política, dé lugar a regímenes regionales que convivan con la globalización.  Creo que en esa dirección debemos aunar nuestros esfuerzos.