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    25 años del SELA: misión y perspectivas

    Salvador Arriola
    Economista mexicano. Fue Secretario Permanente del SELA
    entre 1991-1995.

    Caracas, 17 de Octubre de 2000.

    Hace 25 años los principales indicadores de la economía y sociedad de América Latina y el Caribe eran ciertamente contrarios a las expectativas que nuestros pueblos se trazaban.  Hoy, de forma más clara que hace un cuarto de siglo, se siguen manifestando de forma negativa tanto los signos que caracterizan nuestra relación externa, como aquellos que condicionan nuestra circunstancia interna.  Sin embargo, a diferencia de los inicios y mediados del decenio de los setenta, el número de pobres y de la población en estado de pobreza extrema se ha agudizado de forma excepcional.

     

    En muchos de nuestros países, además, las clases medias  prácticamente han desaparecido y los remedios que se ofrecen no van de acuerdo con el avance democrático que se registra.

     

    El promedio de crecimiento económico de la región es ciertamente insuficiente y los condicionamientos externos cada vez reducen más las posibilidades de superar nuestras condiciones de retraso en gran parte de nuestras prioridades sociales.

     

    En esta oportunidad no pienso apuntar otros elementos que identifican nuestra vulnerabilidad, dado que dicho emprendimiento bien nos lo presenta la Secretaría Permanente en los distintos documentos que al respecto ha distribuido en este año 2000.

     

    En febrero de 1975 se celebraba en Argel la I Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP. Un año antes, los países en desarrollo habían convocado a la VI Asamblea Especial sobre Materias Primas y Desarrollo de Naciones Unidas y en diciembre del mismo año, la tiranía de las mayorías aprobaba, igualmente, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados.

     

    Esa misma fuerza hacía realidad en diciembre de 1975: el diálogo Norte-Sur de París, foro en el que nuestro Secretario Permanente Jaime Moncayo estrenaba a nuestro organismo, coordinando de forma excelente la participación de varios países de América Latina y el Caribe.

     

    En el mismo 1975, en septiembre, en ocasión de la VII Asamblea Especial de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (hecho insólito de que en menos de 2 años Naciones Unidas convocara a dos asambleas especiales sobre los mismos temas) fuimos testigos del avance real que significaron las propuestas de América Latina, el Caribe y de los demás países en desarrollo.

     

    No se trata de hacer comparaciones de uno a uno, pero sí somos hoy testigos de una importante movilización de algunos de aquellos actores que, por ejemplo, hace apenas unas semanas, han dado aquí, en esta Sultana del Avila, pruebas de compromiso similares a las que se establecieran en Argel para vincular los temas del desarrollo y las materias primas.  Asimismo, como en 1974 con el Acuerdo de Puerto Ordaz, el gobierno de Venezuela anuncia un Programa de Cooperación Energética en favor de varios de nuestros países.

     

    América Latina y el Caribe tiene antes sí mayores desafíos que hace 25 años, no solo en razón de que el desarrollo sostenible no se fragua, sino porque la mayoría de su población ya no alcanza los mínimos del llamado desarrollo humano de Naciones Unidas.

     

    Por otra parte, seguimos como los antiguos cristianos, peleando contra las fieras sin lanza y escudo y escuchando la voz del Coliseo que dice:  peleen limpio.

     

    Ante la rigidez y criterios uniformes de las instituciones multilaterales de comercio y de financiamiento, la pulverización de los foros de comercio y desarrollo, la unidad de acción -aunque no de intereses- del llamado Grupo de los Siete y de la debilidad que tenemos para responder en lo individual, debemos, como hace 25 años, iniciar una amplia tarea de concientización que permita por lo menos dar contenido, acción, seguimiento y certeza a lo mucho que acuerdan, año con año, nuestros gobiernos en las distintas instancias de consulta, coordinación y cooperación.

     

    En 1987, el Grupo de Río acordó llevar adelante una tarea de evaluación y análisis de los distintos acuerdos, organismos e instituciones de consulta y cooperación en la región.

     

    En 1995, el Consejo Latinoamericano del SELA estuvo de acuerdo en iniciar una reestructuración del organismo.  En ese mismo año, en la Cumbre del Grupo de Río en Quito, Ecuador, se estableció, a propuesta del SELA, un programa de trabajo que permitiera coordinar de la mejor manera tanto a las instituciones regionales como subregionales de consulta y cooperación bajo la supervisión del Grupo de Río.

     

    Es triste y decepcionante que trece años después del Compromiso de Acapulco se vuelva a reiterar recientemente por el mismo Grupo de Río, su preocupación por el estado en que se encuentra el tema institucional en América Latina y el Caribe.  Recuerdo que ya en 1984 Sebastián Alegrett organizó un taller especial para tratar los temas institucionales de la consulta y la cooperación para el desarrollo en América Latina y el Caribe.

     

    Tenemos ante nosotros la responsabilidad de:

    • Aprovechar el “momentum” de este Consejo del SELA y de su tema central,  (la institucionalidad) con el pronunciamiento reciente del Grupo de Río en el mismo sentido.

    • Reiterar que la principal tarea del SELA es la de ser foro natural de los países de la región en materias vinculadas con la agenda económica internacional y la cooperación.

    • Que para ello, y como lo señala la Secretaría Permanente, se necesitaría:

     

    a)       identificar situaciones y foros en los que se enfrentan problemas que afectan al conjunto de la región y que son susceptibles de acciones conjuntas o coordinadas.

     

    b)       Contar con proyectos de interés para grupos de países miembros que puedan promoverse a través de acciones concertadas.

     

    c)       Identificar y promover “ideas-fuerza” que sean objeto de debate por parte de los países de la región con el fin de avanzar hacia posiciones conjuntas y conformar objetivos comunes.

     

    Dado lo anterior, me permitiría sugerir que se revisaran las iniciativas de la Secretaría Permanente (91-95) y que conformaron el Programa de Trabajo correspondiente tanto en el tema institucional como en el del conocimiento de las prioridades establecidas por cada uno de los Estados Miembros, así como el acuerdo establecido con el Grupo de Río en 1995, en Quito, Ecuador.

     

    No creo que el Grupo de los Siete haya tomado en broma, o tardado trece años para la consolidación de sus compromisos institucionales. Precisamente hace 25 años, previo a Rambouillet, los Siete tomaron las decisiones que les correspondían.  América Latina y el Caribe, también en octubre de 1975, acordaron el establecimiento del SELA, pero, a diferencia de ellos, nuestra región no ha tomado las decisiones que corresponden.

     

    A continuación me voy a permitir, en el ámbito de los principales objetivos de nuestro organismo, proponer algunas tareas futuras.

     

    1.       Se debe iniciar con los Estados Miembros un proceso de consulta que permita obtener de cada uno sus prioridades temáticas de consulta, coordinación y cooperación. Asimismo, dentro de las ideas-fuerza, podrían derivarse las siguientes iniciativas:

     

     

    A. El compromiso con la dimensión humana del desarrollo.  “Para atender las necesidades sociales y asegurar la igualdad de oportunidades requerimos elevar el ritmo del crecimiento económico sostenible y aumentar la productividad de nuestras economías, en un entorno externo favorable. Reconocemos la necesidad de financiar simultáneamente tanto redes de protección social, como de inversión en capital humano e infraestructura, y para ello requerimos de mayores volúmenes de cooperación internacional”. (Declaración de Cartagena: un compromiso para el milenio, Grupo de Río, junio 2000)

     

    Aquí hay una tarea que podría emprender la Secretaría Permanente, con otras instituciones regionales como la CEPAL y vincularla al contenido del Compromiso del Milenio (en la materia, New York, septiembre 2000) así como con los Acuerdos de la Conferencia sobre Desarrollo Social de Copenhague (reducción al año 2015 de la proporción de personas que viven en extrema pobreza en nuestra región).

     

    En dicha tarea deberían tenerse plenamente en cuenta las atribuciones que se le han otorgado al Banco Mundial y al BID en la reducción de la pobreza (Ver Comunicado del Comité de Desarrollo, sept. 25).

     

    En ese sentido, deberá tenerse plenamente en cuenta el anuncio del Banco Mundial de estudiar nuevas operaciones para garantizar el financiamiento apropiado para la realización de programas regionales y mundiales cuidadosamente escogidos, que produzcan un fuerte impacto en la reducción de la pobreza, así como la creación del Grupo de Estudio del Banco para que se atiendan con mayor integralidad las necesidades de desarrollo, en constante evolución, del conjunto diverso de economías.

     

    B. En relación con el importante tema de la crisis financiera internacional y sus implicaciones comerciales y financieras para América Latina y el Caribe, existen, en mi criterio, cuatro tareas que pudiera emprender la Secretaría Permanente:

     

    i) Independientemente de algunos avances que se han registrado en el logro de un mejor análisis de la situación económica mundial, no se ha establecido, al momento, una metodología precisa que permita identificar los efectos de las principales variables de la economía internacional en las economías de los países en desarrollo.  Se hace fundamental avanzar en lo anterior, dado que ello permitirá no sólo confirmar la amplia interrelación entre variables y actores diversos, sino diseñar y negociar iniciativas más acordes con los intereses de América Latina y el Caribe.

     

    ii) Tomando en consideración la próxima reunión de alto nivel sobre financiación del desarrollo convocada por las Naciones Unidas para el próximo año 2001, sería importante que la Secretaría Permanente, teniendo en consideración los antecedentes y compromisos de colaboración entre entidades como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio para el análisis y seguimiento de la economía internacional, iniciara los trabajos para diseñar una metodología que permita ampliar y modificar los criterios actuales que impiden precisar los efectos directos e indirectos de variables y decisiones de política económica que afectan en particular a las economías de nuestros países. 

     

    iii) Con base en los señalamientos de la última Cumbre del Grupo de Río sobre la situación financiera internacional y el peso de la deuda, así como de los compromisos establecidos en la materia en la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno Grupo de Río - Unión Europea, sería pertinente preparar un paquete de iniciativas que, con la colaboración, entre otros, de la CEPAL y las oficinas de nuestros países en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, pudieran justificar la convocatoria, con anticipación, de una reunión de Ministros de Economía y Finanzas de América Latina y el Caribe, previa a la cita de Naciones Unidas.

     

    Independientemente de las modificaciones que se han efectuado y se efectúen en las principales instituciones financieras internacionales para tratar de alertar y mitigar los efectos de las corrientes especulativas en los países miembros, sería conveniente que la Secretaría Permanente convocara a un grupo de expertos que, examinando antecedentes como el Tramo II (Balanza de Pagos) del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos (Acuerdo de Santo Domingo) y las propuestas recientes en el seno del Fondo Latinoamericano de Reservas y de otras instituciones de la región, diseñara alternativas diversas para dotar de colchones o blindajes financieros a los Países Miembros del SELA.

     

    iv) Finalmente, y vinculado a la iniciativa anterior, sería recomendable que, para atraer inversionistas que exigen la utilización de políticas "neutras" al tiempo de aplicar políticas macroeconómicas activas, se elaboren a través de los bancos subregionales de integración correspondientes estrategias conjuntas de promoción de inversiones a presentar en las principales plazas financieras del mundo. Se trataría de promover proyectos subregionales, que no discriminarán respecto de las diferentes políticas de atracción de la inversión de los distintos socios.

     

    Una prioridad de la región será, sin duda, la de acompañar, como lo ha hecho siempre nuestro organismo, la preparación y desarrollo de la próxima ronda de negociaciones comerciales multilaterales, para lo que será indispensable establecer una antena del SELA en Ginebra. Hemos sido testigos de la trascendencia que implicó e implica la Ronda Uruguay, por lo que sería de enorme utilidad el contar con el apoyo técnico que requerirán nuestros países.  Asimismo, nos permitirá analizar, de forma permanente, los compromisos establecidos para una mejor y mayor vigilancia entre la OMC, el FMI y el BM.

     

    En toda la labor señalada podrían establecerse, desde ahora, esfuerzos de colaboración con la Secretaría General de la UNCTAD y con las autoridades correspondientes de la propia OMC.  Un elemento que debiera incluirse en el Programa de Trabajo del SELA en Ginebra, sería el de dar seguimiento al llamado Programa de Acción de Bangkok, de la UNCTAD.

     

    ¿Qué acciones pudieran impulsar la articulación y convergencia de los esfuerzos de integración de América Latina y el Caribe?

     

    Me permitiría señalar que el primero y fundamental sería el de reforzar las acciones de cooperación e integración entre los propios Estados Miembros del SELA, es decir, entre América Latina y el Caribe.  Poner al día y fortalecer el programa establecido por la Secretaría Permanente a principios del decenio de los noventa sería recomendable y un derrotero necesario.

     

    De otro lado, e independientemente de participar en los temas comerciales, el SELA debe adelantar iniciativas en temas diversos como el de la infraestructura y los proyectos de desarrollo fronterizo, los cuales son indispensables no sólo para superar deficiencias estructurales, sino para destrabar, en muchos de los casos, las ataduras jurídicas que imposibilitan nuestro desarrollo.

     

    Las recientes decisiones de los Presidentes en la Cumbre del Sur, así como las prioridades señaladas por los Jefes de Estado de Centroamérica en Panamá, apenas hace un par de años, confirman que los temas de infraestructura y desarrollo fronterizo serán clave en cualquier avance efectivo que caracterice, a futuro, la integración y la cooperación regionales.  En el mismo sentido se han pronunciado los Jefes de Estado y de Gobierno en el marco de la recién celebrada reunión de Tuxtla IV, en la ciudad de Guatemala, así como el Presidente Electo de México, Vicente Fox.

     

    Existe, por tanto, un desafío específico para nuestro organismo, a fin de llevar a cabo planteamientos que contribuyan a llevar adelante los proyectos en dichas materias y dar contenido a una de las responsabilidades principales que el SELA debe atender: la convergencia entre los países y los procesos de integración.

     

    El Comunicado de Brasilia es igualmente importante destacarlo, cuando reafirma, en su artículo 8, que “el compromiso con la integración en América Latina y el Caribe, meta de política externa que está incorporada a la propia identidad nacional de los países de la región y que el refuerzo de la concertación suramericana en temas específicos de interés común, constituirá un aporte constructivo al compromiso con los ideales y principios que han orientado su proceso de integración”.

     

    La renovación del SELA

     

    De las diversas consultas que se efectuaron con los Estados Miembros durante 1994 surgió la necesidad de renovar el organismo y su funcionamiento, atendiendo a los cambios que se habían producido en el escenario regional e internacional y, sobre todo, los requerimientos de los gobiernos en materia de capacidad de respuesta ante los escenarios futuros.

     

    El XX Consejo Latinoamericano encomendó a la Secretaría Permanente seguir adelante con el proceso de modernización del organismo, con base en las pautas que adoptó en esa oportunidad y que estaban básicamente orientadas a aumentar y mejorar la capacidad de respuesta y de acción del organismo frente al sistema regional e internacional y estimular a los gobiernos a usar más y mejor los servicios que puede prestar el SELA (ver documentos SP/CL/XX.O/DT No.7 y SP/CL/XXI.O/DT No. 34).

     

    El ejercicio de renovación proponía centrar el logro de los objetivos del Convenio de Panamá a través de la puesta en práctica de cinco foros de cooperación, consulta y coordinación correspondientes a los ejes temáticos del organismo contenidos en su Programa de Trabajo de 1991.

     

    Los ejes temáticos citados eran: políticas económicas, políticas sociales, comercio, financiamiento al desarrollo, innovación tecnológica y sector productivo.

     

    Algunas de las características del funcionamiento de dichos foros, así como de la Secretaría Permanente, eran el establecimiento, en cada foro, de una visión integral y multidisciplinaria que permitiera, al propio tiempo, atender el espacio intrarregional y extrarregional, terminando así con la "bicéfala" división del trabajo (Dirección de Relaciones Económicas y Dirección de Desarrollo).

     

    Un propósito esencial de la reestructuración obedecía a que la mayor vinculación del SELA con las instancias decisorias de la región daría contenido concreto al papel que tradicionalmente ha desempeñado el organismo como "paraguas" de la cooperación económica regional y de la consulta y la coordinación.  Una de las funciones primordiales del SELA, la de evitar duplicaciones entre los organismos regionales, permitiría reforzar, en forma concreta, la coordinación interagencial y la vinculación entre todos los temas económicos y sociales, intra y extrarregionales.  Estas eran algunas de las características de la reestructuración iniciada en 1994, que el organismo pretendía.

     

    En este contexto resulta sin duda acertada la decisión de la Secretaría Permanente de inscribir como tema central de su Programa de Trabajo para el bienio 2001-2003, el de la institucionalidad de América Latina y el Caribe, e invitaría a tener en cuenta en dicho ejercicio, los documentos que registran las propuestas de reestructuración, presentadas al XX y XXI Consejo Latinoamericano. Lo anterior también coincide con la decisión reciente del Grupo de Río de establecer un Grupo de Alto Nivel que revise los objetivos y mecanismos de dicho Grupo. La única vía certera que tendrá nuestro organismo a futuro será la de vincular su reestructuración a la que efectúa el Grupo de Río. Cualquier otra alternativa no tendrá opción alguna.

     

    En la Cumbre del Grupo de Río de 1995 celebrada en Quito, Ecuador, el Secretario Permanente del SELA señalaba: "Constatamos, por un lado, que los países industrializados traducen sus intereses frente a la globalización en instrumentos de cooperación y coordinación; por otro lado, en cambio, la institucionalidad de América Latina y el Caribe luce minusválida y dispersa en comparación con los retos que impone la globalización a nuestra soberanía económica".

     

    Lo anterior recuerda el pasaje histórico cuando, en 1453, los bizantinos discutían el sexo de los ángeles, al tiempo que Mahoma II se situaba con su ejército a las puertas de Constantinopla.

     

     

 


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